“Ganaste el Telekino”: el call center de la estafa

-¿Y cómo es eso Yaya?

-Vos hacés un CBU y bueno, ellos van, hablan con la gente, chamuyan a la gente...

-Sí, sí, sí.

-De que le dan préstamos qué se yo y en eso, a ellos, a la gente le hacen eh... como sacar préstamos y ahí nomás transfieren. Ellos lo transfieren a tu cuenta y después vos vas al banco y lo retirás. Y cuando viene, hacen que la retiren, o sea vos, vas al banco y lo retirás con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito, la retirás.

-Claro, como si fuera tuya.

-Claro, de una caja de ahorro, porque en la realidad te la te la traspasan a tu caja de ahorro.

-Ahhhh.

La explicación quedó grabada, como si se tratara de un curso rápido o el relato de una hazaña para reclutar nuevos eslabones de una cadena delictiva tan extensa como impune.

Son 14 los imputados que acordaron un juicio abreviado. Les esperan de 3 a 7 años de pena, aunque la mayoría de los acusados ya estaba en la cárcel cumpliendo condenas por otros delitos.

Se trata de al menos 99 hechos cometidos entre el 22 de marzo y el 13 de abril de 2018 por personas detenidas que montaron una especie de “call center” en los penales de Cruz del Eje y Bouwer, en Córdoba, para realizar estafas telefónicas.

A pesar de la magnitud de la investigación realizada por la fiscalía de Río Segundo a cargo de Patricia Baulies, ese delito no se detuvo.

Desde ambos penales se concretaron estafas de todo tipo y que afectaron a víctimas de todo el país, sobre todo durante los períodos de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Lo hicieron bajo el control estatal, pero no imputaron -al menos en esta causa- a ningún agente del Servicio Penitenciario.

Emilio y el Telekino

Emilio Bertuol tiene 45 años y para 2018 tenía dos hijos y una esposa embarazada. Vivía a 13 kilómetros de Oncativo, en Río Segundo. Era -para ese entonces- peón rural en un campo de la zona y su casa un lugar precario que le proporcionaba su empleador.

Con un hijo en camino, aquel 23 de marzo pensó que había cambiado su suerte: creyó -porque le mintieron- que había ganado 250 mil pesos.

Fue Maximiliano Landriel (23) quien lo llamó por teléfono haciéndose pasar por el abogado de Telekino, un juego de lotería popular en todo el país.

Mario César Galván se hizo llamar. "¡Ganaste el Telekino: 150 mil pesos son tuyos!”, le dijo y Emilio no pudo escuchar nada más. No había cortado que ya había hecho las cuentas y sabía que ese dinero sería para comprar todo lo necesario para la llegada de su segundo hijo.

Emilio siguió las instrucciones atentamente. Le pidieron que fuera rápido al cajero del Banco Nación, sobre la calle San Martín, para retirar su premio.

Cuando llegó, una hora y media después, el supuesto abogado lo guió paso por paso frente a la pantalla. Le indicó números, claves y botones que presionar.

El entusiasmo por el premio lo animaba y la dificultad para manejar el cajero, en el que cobraba su sueldo de $ 10 mil, lo mantenía concentrado.

La manipulación de Landriel, el líder de la banda, fue efectiva: en dos minutos y sin que se diera cuenta hizo que solicitara un préstamo personal por $ 100 mil que debía ser cancelado 72 cuotas de $4.138 cada una. Casi la mitad de su salario durante seis años.

Pasada la operación volvieron a felicitarlo, Emilio fue de regreso a su casa y esperó, ansioso, que depositaran su premio. Nunca llegó.

"Fuimos a dos bancos y en los dos la misma cosa. Había hecho una transferencia y sacado un crédito, cuando yo siempre pensé que para eso tenías que pedir autorización, llevar los recibos de sueldo o tener una garantía. Después de eso yo no tenía para pagar el crédito, no me alcanzaba ni para comer. Se me complicó todo", le cuenta Emilio a Clarín desde Oncativo.

El hombre, padre de dos hijos, no podía afrontar el gasto y el banco negó cualquier responsabilidad en el hecho, aunque no solicitó autorización y entregó un crédito con una tasa del 50% de interés en menos de dos minutos.

"Tengo la esperanza totalmente en que se va a solucionar, confío en la Justicia, pero hasta ahora no pasó nada. Yo tuve que renunciar al trabajo porque lo que me descontaban de cuotas no lo podía pagar. El dueño del campo me pidió que libere la casa y me tuve que volver a Formosa. Mi hijo perdió la escuela y hasta ahora no puedo conseguir trabajo, no puedo estar registrado en ningún lado, son changas lo que uno hace", explica sobre las consecuencias que le dejó la estafa.

En nada lo ayudó la Policía cuando hizo la denuncia, ni la Justicia que demoró dos años en llevar a juicio a sus estafadores. Emilio enfrentó la desilusión, primero, y la desesperación, después.

Desde entonces el banco lo intima, a través de sus abogados, para que pague una deuda que no supo que contrajo y que no puede afrontar. Su mundo quedó patas arriba por un falso Telekino.

Ahora, en medio del juicio que desbarató a la banda, Emilio contó con la asistencia de un abogado, Mariano José Ludueña, que lo representó como querellante. Pero, además, solicitó que le devuelvan el dinero para pagar la deuda con el banco y una indemnización para reparar el daño.

Según confirmó a Clarín, pidieron alrededor de $ 770 mil para compensar el pago del crédito, los intereses y la penalidad por la falta de pago, además de un monto para compensar las consecuencias que padeció por la estafa.

La maniobra al descubierto

Baulies, fiscal de Instrucción y Familia de Río Segundo, logró identificar a los responsables de la maniobra y llevó a juicio a la banda.

Los acusó de 99 hechos por una suma de $ 1.383.644. Las víctimas fueron engañadas a pagar desde $ 500 hasta 100 mil, como Emilio.

Según pudieron comprobar, con ese dinero compraron camionetas, autos, motos, joyas, ropa, zapatillas, electrodomésticos, muebles para equipar la casa de los dueños de las cuentas bancarias que usaban para realizar los depósitos.

Además, cámaras de fotos, celulares, chips y tarjetas que usaban para montar los "call centers" dentro del penal. También tablets, pen drives y computadoras.

Todo eso fue incautado por el Estado en los allanamientos y, con ese dinero, podrían indemnizar a una de las víctimas.

Entre la división de las tareas, los presos realizaban los llamados telefónicos haciéndose pasar por abogados de Telekino, empleados de ANSeS o vendedores de la empresa española Vodafone.

Como los imputados reconocieron el hecho, acordaron un juicio abreviado y este miércoles 7 de abril la jueza María Susana Frascaroli deberá confirmar las condenas.

En ese fallo determinarían si la Justicia penal accede a la reparación civil o si deberán realizar otra demanda en ese fuero.

Mientras tanto, Emilio no sabe si deberá regresar a Formosa o podrá quedarse en Córdoba junto a su familia. Su vida está en pausa hasta que se conozca el fallo: "Conservo la esperanza en que se pueda solucionar de una vez para poder volver a trabajar", concluye.